La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha presentado sus aportaciones a la consulta pública previa para la modificación del Reglamento de Armas impulsada por el Ministerio del Interior. Tras la finalización del plazo de participación este pasado domingo, la entidad ha hecho público el documento técnico elaborado junto a las federaciones autonómicas de caza, con el objetivo de contribuir a una normativa moderna, proporcionada y adaptada a la realidad del siglo XXI.
La RFEC, entidad más representativa del sector cinegético español con más de 330.000 federados, defiende que la futura reforma debe basarse en criterios técnicos, seguridad jurídica y simplificación administrativa, teniendo en cuenta la realidad de un colectivo que utiliza de forma legal y supervisada la gran mayoría de las armas civiles registradas en España; y considerando el nuevo paradigma del desarrollo cinegético, condicionado por su labor de gestión y control de sobreabundancia de especies.
Simplificación administrativa, mayor accesibilidad a instalaciones de tiro y adecuación al nuevo contexto
Entre las principales propuestas presentadas destaca la simplificación administrativa mediante la unificación de las actuales licencias D y E en un único título habilitante para la caza, una medida que permitiría reducir trámites innecesarios sin rebajar los actuales estándares de seguridad y control, en un contexto de claro trasvase de usuarios de la caza menor a la mayor, demandado por el imperativo escenario de control de la PPA.
El documento también subraya la importancia de reforzar la formación y el entrenamiento de los usuarios, tal y como plantea el Ministerio público. No obstante, la Federación defiende que la consecución de estos objetivos compartidos no puede ser a costa de más trabas y exigencias al regulado, sino mediante la paulatina integración de la formación en materia de armas en los procedimientos de obtención de licencia de caza que ya efectúan los nuevos cazadores a través de la Federaciones, y facultando un más temprano y fácil acceso a una formación reglada en materia de armas. En este sentido, la entidad exige en su escrito una mayor flexibilidad en la habilitación y uso de los campos de tiro —tanto fijos como eventuales— como espacios esenciales para la práctica segura de la actividad y el entrenamiento con el uso de las armas.
Con relación al contexto de sobreabundancia poblacional, y en coherencia con las demandas de muchas comunidades autónomas, la federación exige que el Reglamento de Armas deje de ser un escollo para el pleno desarrollo de las competencias autonómicas en materia de caza y para la potencial efectividad en las labores de gestión de los cazadores.
Así, solicita la expresa autorización de dispositivos de comunicación como los pinganillos, la flexibilización en el uso de moderadores de sonido, o la total disponibilidad del calibre .22 para las modalidades de caza y controles poblacionales que las autonomías consideren adecuadas, con el objetivo de optimizar la eficacia del sector en la gestión de la fauna silvestre.
En cuanto a la regulación de armas tácticas o la limitación del número de armas demandada por el Ministerio de Interior, la Real Federación Española de Caza ha trasladado su oposición a cualquier medida que no se base en parámetros técnicos objetivos, y que dé lugar a interpretaciones subjetivas de la norma, como podrían ser los criterios estéticos. En todo caso, la federación ha planteado al instituto armado su voluntad de implicarse y colaborar en la reforma y solución de aquellos aspectos que verdaderamente pudieran constituir un riesgo para la seguridad ciudadana.
Demandas con un amplio respaldo del sector
El presidente de la federación, Josep Escandell, ha destacado la importancia de esta fase del proceso normativo. “Hemos trasladado a la Guardia Civil una hoja de ruta realista para que el futuro Reglamento de Armas no se convierta en una barrera para quienes cumplen la ley, sino en una herramienta útil que reconozca la responsabilidad del sector. Nuestra voluntad de colaboración con el Ministerio del Interior y con el instituto armado es total para lograr una norma técnicamente sólida y que aporte seguridad jurídica”, ha señalado.
Escandell ha valorado muy positivamente la unidad del sector en las demandas: “son peticiones que aglutinan las sensibilidades de todas las Federaciones autonómicas de caza, pero también de muchas otras entidades del sector cinegético que suscriben nuestra voluntad: combatir las conductas ilícitas sin imponer restricciones generales a quienes realizan un uso legal, responsable y plenamente supervisado de las armas”.
